Un centenar de actores públicos, privados y del mundo académico de seis países de América Latina y Europa participaron entre el 24 y 25 de mayo en Recife (Pernambuco, Brasil)  en el V Diálogo Regional del Programa URB-AL III sobre "Innovación social, acción pública y cohesión social: retos y estrategias"

Durante el encuentro (ver noticia primer día), organizado por la Oficina de Coordinación y Orientación (OCO) del Programa URB-AL III en colaboración con el Gobierno de Pernambuco, se coincidió en que la innovación social es clave para impulsar el desarrollo de las ciudades pero existen todavía muchos obstáculos que la inhiben.

En este sentido, se subrayó la necesidad de que las administraciones públicas renueven y repiensen sus prácticas para facilitar ambientes propicios al desarrollo de iniciativas innovadoras que contribuyan en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Hasta el momento, se indicó, los gobiernos locales se han mantenido demasiado alejados de las innovaciones.

 "El desafío es repensar de manera constante una visión del Estado como un poder centralista, verticalista y autoreferenciado (...) Hay que pensar la acción pública desde el territorio", declaró María Paz Gutierrez, subsecretaria de Planificación y Descentralización de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe (Argentina).

La innovación social (IS), coincidieron los participantes, es fundamental en el ámbito local, por lo que el sector público debe actuar como facilitador, promoviendo alianzas con el sector privado y la sociedad civil, fortaleciendo la participación ciudadana, generando un sentido real de pertenencia y optimizando los conocimientos y la cultura local.

"Uno de los principales obstáculos es cómo trabajar nuevos escenarios a partir de viejas prácticas. A veces a partir de nuevos escenarios hay que construir nuevas prácticas, sobre todo en la forma de hacer políticas públicas en nuestros territorios. También se debe trabajar la innovación a partir de la universalización de los derechos, multisectorialidad, transversalidad, financiación y empoderamiento de los actores", declaró Karla Menezes, secretaria de Derechos Humanos y Políticas sobre Drogas de la Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (Brasil).

Entre los principales obstáculos que inhiben la IS por parte de las administraciones públicas se mencionó la corrupción,  la burocracia, la mentalidad cortoplacista, la dicotomía entre democracia representativa y participativa, y la falta de legitimidad entre los ciudadanos. Al respecto, la búsqueda de fórmulas que promuevan una participación ciudadana plena fue una de las cuestiones más debatidas. "La construcción de alianzas no puede ser sólo una transferencia de responsabilidades. El Estado tiene que asumir sus responsabilidades", advirtió Menezes.

Durante los dos días de diálogo los participantes presentaron varias experiencias locales en materia de IS en ámbitos diversos como la financiación, la educación, la seguridad ciudadana o la movilidad urbana. También se destacó la necesidad de liderazgos locales fuertes para impulsar iniciativas innovadoras.

Octavi de la Varga, director ejecutivo de la OCO, indicó al presentar las ideas-fuerza del encuentro que la IS debe ser percibida como una oportunidad para los gobiernos locales. "Si queremos hablar de cohesión social, debemos incorporar la IS, van cogidas de la mano (...) y no se construyen en una oficina. Existen en el marco de una sociedad civil y de unos actores que viven en el territorio", subrayó de la Varga.

Para facilitar la IS, el director ejecutivo de la OCO comentó que los gobiernos deben fomentar la rendición de cuentas y transparencia, la gobernanza multinivel, las dinámicas participativas, los valores, el refuerzo de la planificación y la participación de los ciudadanos en todas sus fases, la investigación y la identificación y réplica de buenas prácticas. "Hay que tomar conciencia del tabú que existe entre la administración pública y la sociedad civil organizada. Hay que establecer espacios reales de colaboración",mencionó. Asimismo, agregó que hay que institucionalizar la IS, generar indicadores de evaluación y trabajar en su sostenibilidad.

Por su parte, Marcelo Romeu, secretario de Relaciones Internacionales e Integración de la provincia de Santa Fe (Argentina) abordó la problemática de la inseguridad en las ciudades latinoamericanas. "No se puede tener cohesión social en ciudades violentas", apuntó. Romeu animó también a los gobierno locales a asumir desafíos para mejorar. "Sin riesgo no hay innovación", concluyó.

URB-AL III, con un presupuesto total de 64,4 millones de euros, es un programa de cooperación descentralizada no reembolsable de la Comisión Europea integrado por 20 proyectos con impacto directo en 75 territorios (más de 500 municipios) de América Latina, abarcando una población aproximada de 23 millones de personas. En  Brasil, URB-AL III tiene presencia en diez territorios, lo que supone un presupuesto aproximado de  5,8 millones de euros.

La Oficina de Coordinación y Orientación (OCO) de URB-AL III es un consorcio liderado por la Diputación de Barcelona e integrado también por: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas FIIAPP (España), Provincia de Santa Fe (Argentina), Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia), Municipalidad de San José (Costa Rica) y Región de Toscana (Italia).

 

 

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